Mireya Barrera no quería pelear.
Durante años, se sentó en las reuniones con los docentes de educación especial de su hijo, luchando por mantener una sonrisa mientras entendía poco de lo que decían. En las ocasiones poco comunes en que se pedía ayuda a otros docentes que hablaban el idioma de Barrera, el español, las conversaciones seguían siendo vacilantes porque no eran intérpretes calificados.
Pero cuando su hijo Ian entró en la escuela secundaria, Barrera decidió invitar a un voluntario bilingüe de una organización local sin ánimo de lucro para que se sentara con ella y recordara sus derechos al equipo escolar.
“Quería a alguien de mi lado”, dijo Barrera, cuyo hijo tiene autismo, a través de un intérprete. “Durante todo este tiempo, no nos estaban facilitando las cosas. Eso provocó muchas lágrimas”.
Independientemente del idioma que hablen los padres en casa, tienen el derecho civil de recibir información importante de los educadores de sus hijos en un idioma que entiendan. En el caso de los estudiantes con discapacidad, la ley federal es aún más clara: las escuelas “deben tomar todas las medidas necesarias”, incluidos los servicios de interpretación y traducción, para que los padres puedan participar de forma significativa en la educación de sus hijos.
Pero, a veces, las escuelas de todo el país no prestan esos servicios.
Las familias que no hablan inglés se ven obligadas a asistir a las reuniones sobre el progreso de sus hijos sin poder opinar ni preguntar a los educadores cómo pueden ayudar. Las diferencias culturales y lingüísticas pueden convencer a algunos padres de no cuestionar lo que ocurre en la escuela, un desequilibrio de poder que, según los defensores, hace que algunos niños se queden sin un apoyo fundamental. En caso de ser necesario, no es infrecuente que las escuelas encarguen a los estudiantes bilingües la interpretación para sus familias, poniéndolos en la posición de describir sus propios defectos a sus padres y tutores.
“Eso es totalmente inapropiado, en todos los sentidos posibles, y poco realista”, dice Diane Smith Howard, abogada principal de la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. “Si al niño no le va especialmente bien en una asignatura académica, ¿por qué confiaría en que su hijo adolescente se lo contara?”.
Los distritos escolares culpan a la falta de recursos. Dicen que no tienen dinero para contratar a más intérpretes o a agencias de servicios lingüísticos y que, aunque lo tuvieran, no hay suficientes intérpretes calificados para hacer el trabajo.
En Washington y en algunos otros estados, la cuestión ha empezado a recibir más atención. Los legisladores estatales de Olympia presentaron este año una ley bipartidista para reforzar los derechos civiles federales en el código estatal. Los sindicatos de docentes de Seattle y Chicago negociaron recientemente, y consiguieron, servicios de interpretación durante las reuniones de educación especial. Y los distritos escolares se enfrentan a una creciente amenaza de demandas de los padres, o incluso a una investigación federal, si no se toman en serio el acceso lingüístico.
Aun así, los esfuerzos por ampliar el acceso lingüístico en la educación especial se enfrentan a una ardua batalla, debido al escaso número de intérpretes capacitados, la falta de cumplimiento a nivel estatal y el escaso financiamiento del Congreso (a pesar de que en 1974 prometió cubrir casi la mitad del costo adicional que supone para las escuelas proporcionar servicios de educación especial, el gobierno federal nunca lo ha hecho). El proyecto de ley bipartidista de Washington para ofrecer más protecciones a las familias fracasó repentinamente, después de que los legisladores estatales lo despojaran de disposiciones clave y los defensores retiraran su apoyo.
El sistema de educación especial puede ser “increíblemente difícil para todos”, dijo Ramona Hattendorf, directora de defensa de The Arc of King County, que promueve los derechos de las personas con discapacidad. “Luego todo se agrava cuando se introduce el idioma en la mezcla”. En todo el país, aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes que califican para recibir servicios de educación especial también se identifican como estudiantes de inglés, según datos federales de educación, y esa proporción está creciendo. Cerca de 791,000 estudiantes de inglés participaron en educación especial en 2020, un aumento de casi el 30 % desde 2012. En más de una docena de estados, incluido Washington, el aumento fue aún mayor.
A medida que crece su número, también aumenta la frustración de sus padres con los servicios lingüísticos.
Durante el año escolar 2021-22, la defensora del pueblo en materia educación del estado de Washington recibió casi 1,200 quejas de los padres sobre las escuelas. Su principal preocupación, en todos los grupos raciales y demográficos, fue el acceso y la inclusión en la educación especial. La defensora del pueblo principal en materia de educación, Jinju Park, calcula que entre el 50 % y el 70 % de las llamadas que recibe la agencia son sobre educación especial, y que el 80 % de ellas son de clientes que necesitan servicios de interpretación.
Mientras que la mayoría de los estados conceden a las escuelas un máximo de 60 días desde que se remite a un estudiante a los servicios de educación especial para determinar si califica, las escuelas de Washington pueden tardar hasta medio año escolar. Y si un padre necesita servicios de interpretación o traducción, la espera puede durar aún más.
“Las leyes actuales no apoyan la participación plena de los padres”, escribió Park a los legisladores estatales en apoyo a la primera versión del proyecto de ley 1305 de la Cámara de Representantes, propuesta que finalmente fracasó. “Los padres para los que el inglés puede que no sea su lengua materna”, añadió, “a menudo, se ven abrumados por la información e incapaces de participar de forma significativa en el proceso”.
Barrera, cuyo hijo asistió al distrito escolar de Auburn, al sur de Seattle, dijo que, a menudo, se sentía excluida de su aprendizaje.
En el kínder, tras el diagnóstico de autismo de Ian, su equipo de educación especial llegó a la conclusión de que necesitaba un paraeducador asignado a tiempo completo, dijo Barrera. Recurrió a Google Translate y a otros padres para que la ayudaran a redactar correos electrónicos preguntando por qué no recibió ese apoyo hasta tercer grado. Sus solicitudes de copias traducidas de documentos legales quedaron en gran parte sin respuesta, mencionó, hasta que un director le dijo que la traducción era demasiado costosa.
Cuando Ian entró en la escuela secundaria, el acoso escolar y su seguridad se convirtieron en la principal preocupación de Barrera. Una vez llegó a casa sin un mechón de pelo, cuenta. A pesar de las repetidas llamadas y correos electrónicos a sus docentes, Barrera dijo que nunca recibió una explicación.
Además, cuando pidió ir a la escuela para observar, un docente le dijo: “Ni siquiera habla inglés. ¿Qué sentido tiene?”. Vicki Alonzo, portavoz del distrito de Auburn, afirma que el auge de la población inmigrante en la región en los últimos años ha llevado al distrito a destinar más recursos a ayudar a las familias cuya lengua materna no es el inglés. Casi un tercio de sus estudiantes son multilingües, dijo, y hablan alrededor de 85 idiomas diferentes en casa.
En el año 2019-20, el distrito gastó alrededor de $175,000 en servicios de interpretación y traducción, dijo; el año escolar pasado, esa cifra fue de más de $450,000.
Alonzo señaló que el distrito no recibió financiamiento adicional para esos servicios, que incluyeron alrededor de 1,500 reuniones con intérpretes y la traducción de más de 3,000 páginas de documentos.
El problema del acceso lingüístico es “un fenómeno nacional”, dijo Smith Howard, de la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. “Es un problema de recursos y también una cuestión de respeto, dignidad y comprensión, que todos los padres deberían recibir”.
Los docentes también están frustrados.
El sindicato de docentes de Seattle protestó y retrasó el inicio de las clases el año pasado por unas demandas que incluían servicios de interpretación y traducción en educación especial. El contrato final, que dura hasta 2025, exige que los miembros del personal tengan acceso a diversos servicios que proporcionen traducción telefónica (un intérprete en directo) o de texto (en el caso de documentos escritos). El objetivo de esta disposición es garantizar que no se pida al personal bilingüe que traduzca si no forma parte de su trabajo.
Los docentes dicen que estas herramientas han sido útiles, pero solo en cierta medida: en ocasiones poco comunes hay intérpretes telefónicos disponibles para los idiomas menos comunes, como el amárico, y son frecuentes los problemas técnicos, como la interrupción de las llamadas.
La disponibilidad de intérpretes “no es tan constante como nos gustaría”, afirma Ibi Holiday, docente de educación especial de la escuela primaria Rising Star de Seattle.
También hay una cuestión de contexto. Es posible que los traductores no tengan experiencia en educación especial, por lo que las familias pueden salir de una reunión sin entender todas las opciones, lo cual puede ralentizar el proceso significativamente.
“Para muchas familias, la escuela de su país funciona de forma completamente diferente”, explica Mari Rico, directora del Centro de Desarrollo Infantil Jose Marti de El Centro de la Raza, un programa bilingüe de educación temprana. “Traducir no bastaba; tenía que enseñarles el sistema”.
Muchas escuelas del distrito de Seattle cuentan con personal multilingüe, pero el número y la diversidad de idiomas hablados no es constante, afirma Rico. Y existe un mayor riesgo de que el caso de un estudiante se pase por alto o se estanque debido a las barreras lingüísticas. Dijo que ha tenido que intervenir cuando las familias han pasado meses sin una reunión del programa de educación individualizada, incluso cuando su hijo estaba recibiendo servicios.
Hattendorf, de The Arc del condado de King, dijo que las soluciones tecnológicas más económicas, como las que utiliza Seattle, ofrecen cierta ayuda, pero su calidad varía mucho. Y los servicios pueden no ofrecer a los padres tiempo suficiente para procesar información complicada y hacer preguntas de seguimiento, explicó.
Al sur de Seattle, los Barrera decidieron cambiar a Ian de escuela secundaria.
Se graduó este año, pero la ley federal garantiza sus servicios de educación especial tres años más. Ian asiste ahora a un programa de transición para estudiantes con discapacidad, donde aprenderá habilidades para la vida, como conseguir un trabajo.
“Sabemos que, con ayuda, puede hacer lo que quiera”, dijo Barrera.
Ya, añadió, “todo es diferente. Los docentes intentan encontrar la mejor manera de comunicarse conmigo”.
Este artículo sobre los servicios de interpretación fue elaborado por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente y sin ánimo de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación, en colaboración con The Seattle Times.
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